El Sipreba denunció en el Congreso “un plan sistemático de silenciamiento”

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunció ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados los ataques del gobierno y de sus fuerzas de seguridad contra periodistas que cubren movilizaciones.

El secretario general del gremio, Agustín Lecchi, aseguró que desde el 20 de diciembre pasado, cuando comenzaron las primeras manifestaciones en contra de la política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, los y las trabajadoras de prensa fueron víctimas de la represión policial.

También sufrieron los ataques de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones del 27 de diciembre contra el DNU 70/23, del 31 de enero y 1 de febrero en contra de la “Ley Ómnibus” donde más de 40 trabajadores de prensa fueron agredidos con gases lacrimógenos, con balas de goma, con palos por parte de las fuerzas represivas. Lo mismo sucedió en las marchas para repudiar la aprobación de la “Ley Bases” y en las jornadas que protagonizaron organizaciones de jubilados y jubiladas en contra del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

Lecchi apuntó contra el protocolo antipiquete dispuesto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que denunciaron ante organismos internacionales en defensa de los derechos humanos.

En otro tramo de su exposición, el dirigente sindical compartió el testimonio de un camarógrafo de Telefé Noticias, Marcelo González, quien expuso que las veces que cubrió las marchas recibió palos, gases y balazos de goma por parte de las fuerzas de seguridad. “Estando en la calle vos la podes ligar de rebote, pero lo que se siente es que ahora te vienen a buscar. Estuve tres días cubriendo las movilizaciones de la ley ómnibus y los tres días cobré. Lo mismo sucedió en la marcha por jubilados, de la nada un policía empezó a rociar a la prensa con gas pimienta a trabajadores de Canal 9, de La Nación+, de Telefe”.

Sobre la denuncia que realizaron ante organismos internacionales junto a centrales sindicales y movimientos sociales plantearon que “es incompatible con los derechos constitucionales y estándares internacionales a la libertad de reunión, asociación a la libertad de expresión y de protesta social”.

Por otro lado, denunció que la administración de La Libertad Avanza aplica “una situación de censura que excede la represión en las calles y es parte de un plan sistemático de silenciamiento, que tiene como componente el agravio a periodistas que realizan investigaciones críticas al gobierno”.

En otro tramo de su exposición reclamó por la suspensión del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y el ataque a medios públicos, como el cierre de la agencia de noticias Télam.